Hay días en los que uno abre el periódico como quien abre la puerta de una oficina a primera hora: con el café aun peleándose con la garganta y esa intuición incómoda de que hoy también tocará gestionar incendios. Afuera, la política va a gritos; adentro, la empresa va a plazos. Y, sin embargo, el paisaje se parece más de lo que nos conviene admitir.
Porque, al final, un presidente de gobierno y un CEO comparten una condena parecida: dirigir un organismo vivo —un país o una compañía— con gente dentro que cobra, decide, falla… y, con suerte, aprende. Ambos deberían perseguir objetivos bastante prosaicos: crecimiento, sostenibilidad, confianza. La diferencia es que, en la empresa, cuando la cosa se tuerce, el mercado te pasa la factura sin pedir audiencia. En la política, en cambio, el “ya si eso” tiene carrera profesional.
En una empresa seria, el comité de dirección no es un álbum de cromos ni una lista de favores pendientes. Es —o debería ser— una máquina de precisión: pocas piezas, bien engrasadas, responsables de lo suyo y medibles. No perfectos; medibles. Porque el talento sin rendición de cuentas es como un Ferrari sin volante: precioso, caro… y peligrosísimo.
Y aquí viene el primer espejo incómodo: cuando eliges directivos por lealtad en lugar de por competencia, empiezas a comprar futuro a crédito. Lo he visto cien veces. Se crean “direcciones” de nombres pomposos para que parezca que se avanza, se duplican funciones “por seguridad”, se montan comités para decidir lo que antes resolvía una persona con criterio… y el organigrama crece como la hiedra: rápido, vistoso y estrangulando la fachada.
Ahora cambie “dirección” por “ministerio” y “comité” por “consejo de ministros”. Ya lo tiene.
España no es un país con un solo volante. Es un coche con cuatro: ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y administración central. Cada nivel con sus competencias, sus presupuestos, sus urgencias… y, muchas veces, sus tentaciones de reinventar la rueda, aunque la rueda ya esté inventada —y pagada— en el piso de arriba.
No hace falta ser liberal, socialdemócrata o marciano para entender lo obvio: cuando las capas administrativas se solapan, el sistema tiende a producir duplicidades. Y las duplicidades tienen una virtud negra: se esconden bien. No suelen aparecer como “despilfarro” en la contabilidad; aparecen como “programa”, “plan”, “observatorio”, “oficina”, “unidad”, “agencia” … palabras bonitas para cosas que a veces serían magníficas si estuvieran coordinadas y evaluadas. El problema es cuando se convierten en refugio: refugio de la inercia, de la excusa y del cargo inventado para no molestar a nadie.
Menos eslóganes, más ratios
España ha alcanzado cifras récord de personal en el sector público: el Boletín Estadístico de Personal y los datos oficiales recogidos en prensa sitúan el total en torno a 3,0 millones en distintas mediciones administrativas, con el volumen de funcionarios de carrera superando 1,6 millones en 2025.
Ahora bien: que un país tenga más o menos empleo público no determina por sí solo la calidad del servicio. Los países nórdicos tienen ratios elevados y, aun así, funcionan con una eficacia que aquí llamaríamos “brujería”. La pregunta no es “¿cuántos?”, sino: ¿para hacer qué, cómo, con qué coordinación y bajo qué control de resultados?
Impuestos: pagar, pagamos… la discusión es el recibo moral
La OCDE calcula la “cuña fiscal” (impuestos + cotizaciones sobre el coste laboral) para un trabajador medio soltero y sin hijos. En España fue 40,6% en 2024 (por encima de la media OCDE, 34,9%).
El debate, no es “impuestos sí/impuestos no”, sino: ¿qué compra el ciudadano con lo que paga? Y aquí entra la palabra que más miedo da porque exige limpieza: honradez. Honradez política y también empresarial, porque el truco no es recaudar; el truco es merecer.
Donde hay confianza, hay futuro (y donde no, hay expediente)
La confianza es un activo económico. Y la corrupción —o la percepción de ella— es un impuesto invisible que lo encarece todo. Transparencia Internacional, en su Índice de Percepción de la Corrupción 2024, otorga a España 56 puntos (puesto 46), mientras Alemania obtiene 75 (puesto 15). En la liga de los que juegan con el reglamento bien planchado, Dinamarca va en cabeza con 90.
Y fíjese qué casualidad: Dinamarca, además, destaca en satisfacción con servicios públicos: más del 80% de los daneses declara estar satisfecho con justicia, sanidad y educación.
Traducción al castellano de calle: cuando el Estado funciona, la gente confía; cuando la gente confía, paga con menos resentimiento; y cuando paga con menos resentimiento, el sistema respira. No es magia. Es gestión.
El empresario como sospechoso habitual
Y luego está el otro gran pecado de nuestro ecosistema: el modo en que tratamos al que emprende, contrata y se juega la piel.
España tiene un tejido empresarial repleto de pymes y autónomos, sí, pero también una sensación extendida de que emprender es caminar por una habitación oscura llena de chinchetas.
Al empresario se le pide heroísmo y se le devuelve sospecha. Se le exige empleo estable, innovación, salarios, formación, sostenibilidad… y a la vez se le coloca una mochila regulatoria que pesa como una hipoteca en la espalda de un corredor.
Y ojo: proteger a los vulnerables es una obligación moral. Pero convertir la ayuda social en un sistema que no premia el esfuerzo ni facilita el regreso al trabajo es tirar el dinero. El objetivo civilizado no es “pagar por no trabajar”; es que trabajar vuelva a merecer la pena.
Lo que toca: dejar el tribalismo en la puerta
Lo más sensato que puede hacer un país —igual que una empresa— es aceptar esta verdad incómoda: los problemas no son de izquierdas ni de derechas; son de adultos o de adolescentes.
Si cualquier partido que gobierne en democracia quiere ser útil, debería asumir una regla básica de la gestión profesional: rodearse de los mejores, vengan de donde vengan. No de los más leales. No de los más ruidosos. No de los que “tienen cuota”. De los mejores. Y revisarlos, además, como se revisa un comité de dirección decente: con indicadores, objetivos y consecuencias.
Porque un país no se saca adelante con eslóganes, sino con un cuadro de mando: productividad, calidad regulatoria, tiempos administrativos, ejecución presupuestaria, digitalización real, evaluación de políticas públicas, meritocracia… y tolerancia cero con el amigo del amigo. El resto es literatura barata.
España puede cambiar. Pero el cambio empieza cuando dejamos de tratar el Estado como un botín y lo tratamos como lo que es: la infraestructura moral y operativa de la vida en común. Sin miedo, sin tribalismo y sin esa costumbre tan nuestra de llamar “prudencia” a la cobardía.
Y ahora sí: que se abra la puerta. Que entren los mejores. Y que el país, de una vez, vuelva a funcionar como una empresa bien dirigida… pero con alma. Feliz 2026!
